martes, 23 de marzo de 2010

LA DEMOCRACIA UNIVERSITARIA



JOSÉ MORALES MANCHEGO


En 1971 los estudiantes colombianos dieron a conocer el Programa Mínimo del Movimiento Estudiantil, que buscaba establecer un sistema democrático en la Universidad, el cual contemplaba la elección de las autoridades universitarias y la participación de estudiantes y profesores en la conformación de los organismos directivos de la Institución. Sin embargo, ese propósito no se pudo legitimar en aquella época, a pesar de la ofensiva de masas y de las condiciones propicias para la reactivación creciente de lasfuerzas estudiantiles y profesorales. La explicación de ese intento fallido hay que buscarla, por un lado, en el espectáculo generado por la atomización del movimiento estudiantil y su transfiguración en una constelación de grupos que se devoraban mutuamente en una abierta confrontación polarizada. Por otro lado, para explicar ese intento fallido, es necesario tener en cuenta la concepción del poder estudiantil esgrimida por algunos sectores políticos que intentaron crear una Universidad absolutamente autónoma, divorciada de los poderes del Estado. En otras palabras: se pretendía convertir a la Universidad en una República vecina de la República de Colombia.

De esa manera, en medio de la efervescencia del movimiento estudiantil, se esfumaron las posibilidades para implementar los mecanismos institucionales de una avanzada democracia en la Universidad. Se perdió entonces un gran esfuerzo que costó el sacrificio de cabezas brillantes, y en la Universidad siguieron prevaleciendo los intereses mezquinos por encima de los verdaderos intereses académicos y de servicio a la comunidad.

Posteriormente, la Constitución de 1991 y la Ley 30 de 1992 abrieron la posibilidad de realizar un viejo anhelo del movimiento estudiantil y del movimiento profesoral de nuestro país. Ese viejo anhelo es la elección democrática de los gobernantes de la Universidad estatal u oficial y la consecuente ampliación de la autonomía universitaria, banderas éstas que han ondeado en medio de los vientos impetuosos del movimiento estudiantil nacional (1).

Con la Constitución del 91, la democracia parecía brotar como una de las formas posibles de gobierno de la Universidad. Esa posibilidad le llegó a Colombia incluida en el texto de su Constitución Política, y con un movimiento estudiantil que había pasado de la ebullición ideológica de la década del 70, a una frialdad en el terreno de la discusión, de la movilización y de la lucha, situación típica de su actual ámbito existencial.

En esas circunstancias, el marco de la potencial democratización de la Universidad tenía sus conexiones causales en las transformaciones políticosociales que se venían operando a nivel mundial, y en los cambios acaecidos en nuestro país, especialmente cuando nuevos sectores de la sociedad irrumpieron en el escenario político y ganaron un espacio en la Asamblea Nacional Constituyente (2). Desde allí, esos sectores políticos vislumbraron la posibilidad de debilitar la hegemonía de los viejos grupos oligárquicos, a fin de curar serias irregularidades cometidas y toleradas desde las posiciones importantes que secularmente han mantenido en la dirección de las Universidades.

Curar esas irregularidades constituía un gran desafío para las nuevas directivas que surgieran al rescoldo de la Ley 30 de 1992, la cual buscaba, en su espíritu, hacer a las Universidades más eficientes, entendiéndose por eficiencia, la exigencia de mejor formación profesional, ética y cultural; mejor utilización de los recursos económicos y humanos; transparencia en las decisiones; mayor atención a las necesidades y aspiraciones de los estudiantes, y fomento de la ciencia, la tecnología y el humanismo, para sacar a las Universidades de su aislamiento y vincularlas estrechamente a la vida económica y social de la República. En consecuencia, las directivas comprometidas con la comunidad universitaria deberían abordar la tarea de darle un vuelco a las estructuras de la Institución. Esto quiere decir que el proceso de democratización que nos depara la Ley 30, no debe centrarse simplemente en desarrollar elecciones, sino en cortar el imperante escolasticismo y superar los rezagos semicoloniales de la Universidad, hasta convertida en un ente en el cual el único poder que se ejerza sea el poder de la academia, la ciencia y la cultura en general.

La comunidad universitaria debe entender que democracia no significa realizar elecciones para reemplazar viejos vicios por nuevos vicios, como ha sucedido en el contexto nacional, por la falta de sistemas de procedimiento eficientes y la inexistencia de un control eficaz sobre los personajes de la administración pública, que han convertido a la política en el más lucrativo de los negocios.

La democracia es un estado de conciencia colectiva, que incluye el trato semejante de los semejantes, el sentimiento solidario, el respeto a una vida digna y el derecho a una educación adecuada.

La democracia es el derecho al disfrute de la libertad de opinión, sin el temor de ser reprimido abierta o veladamente, ni ser vulnerado en la integridad física, ni ser amenazado o recibir siquiera una mirada displicente.

La democracia es el derecho a moverse con libertad por los senderos del deber, olvidando los prejuicios de raza, de condición socioeconómica o de cultura. Democracia es aceptar los derechos de los demás, con respeto y consideración (4).

En síntesis, la democracia es el ambiente propicio para practicar la sabiduría, la fraternidad y la libertad.

De ahí se deduce que para desarrollar la democracia en la Universidad, es necesario enfrentar muchos obstáculos, los cuales podrán superarse con la vigilancia y la educación de la comunidad Universitaria, lograda al calor del ejercicio mismo de la democracia. Para tal efecto, es preciso convertir la institución en una verdadera escuela del pensamiento libre con unos recursos teóricos y unos elementos de carácter vivencial, entre los cuales se pueden destacar los siguientes:

1. Extender la cátedra libre extracurricular sobre democracia y autonomía universitaria para que los estudiantes y los profesores, mediante las distintas formas de la educación de masas, puedan discutir y poner en práctica los contenidos y la dialéctica de las instancias administrativas financieras y académicas de la autonomía, y estén preparados para defenderla cuando ésta sea amenazada por agentes externos o por acciones improcedentes o desmedidas de las fuerzas internas de la propia Universidad.

2. Inscribir en las banderas del movimiento universitario la consigna de la elección democrática directa del Rector, aspiración que sólo cristalizará en forma benéfica para la Institución cuando haya cultura democrática. Este punto es importante, por cuanto la democracia participativa en las Universidades colombianas es algo por construir. Y en ese proceso de construcción, es necesario estar en guardia, debido a que las fuerzas arraigadas en el pasado están siempre batallando para detener el avance democrático y el vuelo que las Universidades necesitan emprender hacia la libertad. De modo que la batalla estelar debe ser ganada por los universitarios en el Consejo Superior. Por tanto, es indispensable alcanzar, en ese organismo, una correlación de fuerzas favorable al verdadero espíritu universitario y el respaldo permanente de la comunidad académica a sus representantes, para lograr la aprobación de un Estatuto General que garantice la elección directa de las directivas y la adopción de un régimen especial que establezca la verdadera autonomía universitaria.

3. Evitar, principalmente durante el proceso electoral, la lucha de tipo personal y las tensiones que puedan menoscabar la consolidación de una comunidad académica solidaria. Este propósito se logrará mediante la conformación de una Comisión Electoral que vele por la disciplina en las elecciones, sancionando a los candidatos y movimientos que polucionen el ambiente democrático o realicen acusaciones sin las pruebas ostensibles.

4. Establecer que el Rector elegido escoja sus colaboradores inmediatos -los del área de Rectoría- teniendo en cuenta la proporcionalidad de votos de las distintas fuerzas en contienda. Este procedimiento permitirá la conformación de una directiva basada en el principio de legitimidad y fundamentada, por tanto, en el consentimiento de la Comunidad Universitaria. Así se podrá evitar que la Comunidad Académica quede dividida entre "quienes se benefician" y "quienes no se benefician" de una determinada superestructura. Además, la aplicación de esta propuesta será una práctica encaminada a romper las rígidas estructuras y disminuir el autoritarismo y la politiquería, flagelos afianzados legal y consuetudinariamente en la Universidad, y que viven y actúan a través de ambiciosos dirigentes sindicales, dirigentes profesorales, dirigentes estudiantiles y de funestos directivos universitarios. La democracia se verá fortalecida si a la administración confluyen grupos y sectores amplios, consecuentes con el impulso a los planes y objetivos de la Universidad, y capaces de apoyar a los directivos de perfil académico en las decisiones que beneficien a la Institución.

5. El desarrollo de la democracia universitaria implica que la comunidad debe ejercer un control sobre las directivas. Este control puede ejercerse mediante los siguientes mecanismos.

a. Una veeduría institucionalizada que vigile el manejo presupuestal y académico de la Universidad, y convierta en audiencia pública los actos indebidos de la administración o de cualquier miembro de la Comunidad Universita.

b. La institucionalización de Cabildos Abiertos en los cuales, periódica y públicamente, se dé a conocer la marcha de la administración y se realice la consiguiente evaluación de su plan de desarrollo y sus programas. De esta manera, la potestad ejercida por la Comunidad Académica se convertirá en fuerza dinámica de colaboración, precisamente en el punto donde todos los universitarios pueden entenderse, o sea en el sitio en el cual se encuentran los objetivos de la Universidad. Los estudiantes y los profesores tendrán entonces, la oportunidad de cumplir la función que el movimiento democrático les exige; no suplantando a las autoridades universitarias, sino controlando y aportando al análisis y al estudio de los problemas de la Universidad.

Finalmente, es necesario aseverar que la democracia es la mejor forma de gobierno por su espíritu de libertad. Pero la democracia sin control y vigilancia se puede convertir fácilmente en la libertad para llegar a lo peor. Por tanto, si no aseguramos el crecimiento y el buen funcionamiento de la democracia universitaria, al final del camino estaremos como el aprendiz de brujo, que no fue capaz de dominar las fuerzas infernales que logró desencadenar con sus conjuros (6).



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1. En 1928 se reunió en Ibagué el Tercer Congreso Nacional de Estudiantes, convocado por la Federación de Estudiantes, para discutir, entre otros temas, la "autonomía educacional y económica de la Universidad" y la "intervención de los alumnos en el gobierno de los planteles". "La agitación de la juventud ponía de relieve la necesidad de presentar una política más definida y resuelta frente a las intromisiones del Estado y de la Iglesia en menoscabo de la libertad de investigación y de la libertad de cátedra". Montaña Cuéllar, Diego. Colombia País Formal y País Real. Editorial Latina. Bogotá, 1977. p. 121.
2. Es de aclarar que los representantes de los nuevos sectores sociales que llegaron a la Asamblea Nacional Constituyente fueron invalidados para la nueva legislatura. En consecuencia, no se logró la renovación política sustancial que el país quería, por cuanto al poder legislativo volvió la mayoría de los congresistas tradicionales. Esto explica, en el fondo, las falacias contenidas en la Ley 30 y sus Decretos reglamentarios.
3. Ley 30 de 1992. En: Nueva Ley General de Educación. Momo Ediciones. Bogotá, 2002. pp. 5-48.
4. Véase: Gánem Robles, Jorge. Antecedentes de Insurgencias de Estamentos Universitarios como una Contribución a la Formulación de una Propuesta de Democracia en la Universidad Latinoamericana. En: Panel Democracia Participativa en el Marco de la Ley 30 de 1992 (Memorias). Universidad de Córdoba. Centro de Educación Continuada. Montería, 1993. p. 49.
5. La elección "indirecta es el modo infalible de destruir la democracia" ... "El temor de que el pueblo se equivoque en una elección es una previsión exagerada que ha causado la ruina de la libertad ... " (Supremo Consejo del Grado 33° para Colombia. Liturgia del Grado IX. R. E. A. A. pp. 24-25).
6. Figura utilizada por Carlos Marx en el Manifiesto del Partido Comunista.

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